Supervisar al gobierno: responsabilidad ciudadana

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Artículo escrito por Alejandro Legorreta
Publicado en el Diario de Yucatán.

¿Quién vigilará a los propios vigilantes? –Platón, República

Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas en el gobierno y hacerlos valer es uno de los más grandes retos que enfrentamos en los países democráticos, empezando por México. Pero, muchas veces, que haya separación de poderes y organismos autónomos no es suficiente ante la ausencia de ciudadanos activos que revisan el desempeño gubernamental en busca de mejoras.

Digo lo anterior porque recientemente revisé los resultados de la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 que realiza de manera bianual el INEGI, y me apena decir que, a pesar de que Yucatán está en general en buenas condiciones, no encontré datos tan alentadores. La ENCIG revela que los servicios públicos de Yucatán que no están bajo demanda –es decir, que su oferta no depende de la demanda de los servicios como podrían ser los servicios de salud o educación– tienen menor calidad y/o penetración que a nivel nacional, o han presentado una disminución en su calidad con respecto a 2013. E intuyo que la explicación detrás de este retroceso se encuentra en el aumento de los índices de corrupción en trámites que ha tenido nuestro estado de 2013 a la fecha.

Empecemos con varios datos. En términos de suministro de agua estamos bastante mejor que la media nacional (62%), con casi 79% de la población considerando que su suministro de agua es constante. Por otro lado, Yucatán se encuentra por debajo de la media nacional, la cual es 43%, en lo que respecta a la iluminación de las calles, solo 40% de los encuestados considera que la iluminación en las calles de Yucatán es adecuada.

Al preguntar si la recolección de basura es oportuna o no, Yucatán también está seis puntos por debajo de la media nacional, con 70% de los entrevistados opinando que es oportuna. De hecho, en éste último servicio, 36% de la población nacional asegura que le da propina al servicio de recolección de basura, mientras que en Yucatán la proporción es de 63% –no es que estén mal las propinas, sino que a veces pueden servir como chantaje para la recolección de basura, cuando en realidad es un servicio gratuito del municipio.

Otros datos son comparables a nivel estatal con respecto a la ENCIG 2013, por lo que se pueden vislumbrar tendencias. Tenemos una mucha mayor sensación de seguridad que el resto del país; 53.5% de la ciudadanía yucateca siente que la policía ayuda a mejorar la seguridad pública, casi el doble que a nivel nacional, que es de 30%. Sin embargo, es importante resaltar que en 2013 el porcentaje de la población en Yucatán que sentía que la policía ayuda a mejorar la seguridad pública era de 64%; es decir que la sensación de seguridad disminuyó 10 puntos porcentuales entre 2013 y 2015.

Aventuro que el incremento en la corrupción de los servicios públicos y trámites ha tenido efecto en la prestación de estos servicios. La misma ENCIG nos revela que de 2013 a 2015, la tasa de prevalencia de corrupción de la población que tuvo algún contacto con un servidor público creció marginalmente a nivel nacional, de 12,080 por cada 100mil personas a 12,590; el incremento fue de 4.2%. Sin embargo, en Yucatán el incremento fue mucho mayor, pasamos de una tasa de 9,587 por 100mil habitantes a 13,630. O sea, que no solamente nuestro nivel de corrupción en los trámites creció más que a nivel nacional sino que lo hizo en 42%.

No debería sorprender que un incremento tan fuerte en los niveles de corrupción de los servicios del estado impacte en su penetración y calidad. Mientras más corrupción abunde en una sociedad, los servicios públicos que deberían de ser de todos se distribuirán de manera menos justa y equitativa, como monedas de cambio para que corruptos se ensanchen sus bolsillos. No hay mayor distorsionador de la función del Estado que la corrupción.

Por supuesto, en términos comparados la misma ENCIG nos deja ver que Yucatán está lejos de ser de los estados más corruptos del país, lo cual en sí es algo digno de celebrarse. Sin embargo, eso no quita que estemos atentos a cerrarle paso a la corrupción. Datos como éstos son los que deben abrir debates entre nosotros los yucatecos, ponerle freno de mano a las inercias que traemos, y preguntarnos qué estamos haciendo mal. La corrupción no es únicamente una estadística que repiten los académicos y empresarios, es un mal que corroe las funciones de nuestro Estado y que tiene efectos inmediatos en nuestra calidad de vida. Tener calles mejor iluminadas o mayor confianza en que los policías son agentes que garantizan la seguridad pública y no al revés, pueden ser factores determinantes en la vida o muerte de miles de yucatecos.

Nos toca a nosotros, los ciudadanos yucatecos, vigilar indicadores de desempeño como estos y alzar la voz cuando las cosas no vayan en el sentido deseado. Por otro lado, al gobierno del estado le toca dar vuelta de timón ante niveles de corrupción tan disparados. No hay mejor mecanismo de rendición de cuentas que una ciudadanía activa que sepa, con sustento, exigir mejor desempeño en el gobierno. El INEGI podrá hacer muy bien su trabajo y presentar sus resultados, pero sin una ciudadanía activa los datos se quedarán flotando en la penumbra. ¡Por eso, querido lector y ciudadano yucateco, le invito a hacer lo que nos toca y no quitar nunca el dedo del renglón!

¿Quién vigilará a los vigilantes? Sólo la ciudadanía puede ejercer esa labor.

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En menos de 140 caracteres: Según ENCIG, el costo de la corrupción en contacto con autoridades a nivel nacional fue de 6,400 millones de pesos, 2,800 pesos por persona

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