Política económica para una gran ciudad

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BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK

Salomón Chertorivski

Desde el principio de la administración, de Miguel Ángel Mancera, nos propusimos colocar al tema del crecimiento y del desarrollo económico, como una de las nuevas prioridades del gobierno de la Ciudad de México.

Dijimos entonces que la Ciudad estaba llamada a construir otro tipo de política económica, con más instrumentos, con más capacidades de parte del gobierno, más preocupada por la inversión, la actividad y el ingreso de los ciudadanos, más transparente y también más democrática.

Dijimos entonces que, del mismo modo que el Distrito Federal había sido un ejemplo a seguir por sus programas sociales (como el de apoyo a los adultos mayores, a las madres solteras, el seguro de desempleo); un ejemplo a seguir por el avance de sus libertades ejercidas (para las mujeres, para la diversidad sexual, para los derechos humanos en general), del mismo modo, dijimos, teníamos que edificar un ejemplo de derechos y de política económica que iluminara al resto del país.

A dos años, nuestros avances son importantes. La aprobación unánime –por el consenso de todos los partidos, el febrero pasado- de la nueva Ley de Desarrollo Económico es uno de los avances más notables.

Con esta ley, afirmamos la autonomía del Distrito Federal también en materia económica, pues la vieja ley de fomento concebía al D.F. como un mero apéndice de las directrices económicas del gobierno federal. Esto ha quedado atrás. Asimismo, dotamos de todos los instrumentos de política económica necesarios para el crecimiento de una gran Ciudad y, actualizamos la legislación económica con los temas obligados de los gobiernos modernos: sustentabilidad, productividad, competitividad, ingreso, formalidad, cultura de la empresa, información, transparencia, etcétera.

Esta nueva Ley en un referente moderno de lo que un gobierno debe y puede hacer en materia económica desde el ámbito local: reivindica la necesidad de la intervención del Estado en materia económica a favor del mercado, sin renunciar a ningún instrumento de política gubernamental y siempre sobre la base de decisiones basadas en información cierta, actualizada y de carácter público.

En consonancia, esta ley intenta recoger las mejores prácticas de regulación para facilitar las decisiones económicas y para reivindicar a la actividad económica como un bien público que debe ser tutelado por el Estado.

En ese sentido, la Ley incorpora una novedad radical en el contexto legal de la Ciudad: la obligación de proteger a la inversión, al riesgo y a quienes con su patrimonio y recursos apuestan por el crecimiento y el empleo en la capital.

La protección de la inversión como principio legal y como obligación de la Secretaría de Desarrollo Económico es una novedad para las empresas y los negocios de la capital que impondrá un nuevo contexto contra la discrecionalidad y la arbitrariedad, pues la autoridad económica queda a cargo de acompañar las inversiones que hayan cumplido con los requisitos de la Ley.

En sintonía, el Gobierno del Distrito Federal promulgó una reforma a la ley de establecimientos mercantiles para que las clausuras a los negocios de la Ciudad, solo ocurra en casos de violaciones graves a la ley; es decir, la actividad económica es prioridad de la Ciudad y se reducen al mínimo las causas por las que una empresa debe ser cerrada. De esta forma avanzamos hacia el objetivo más general de construir una suerte de “ombudsman” de la inversión en la Ciudad de México.

Queremos ofrecer un nuevo trato a los empresarios, a los inversionistas, a los industriales, los desarrolladores, emprendedores y a todos los actores económicos, pequeños,  medianos y grandes, un nuevo trato a quienes arriesgan su patrimonio, obtienen su sustento y su ingreso, generando riqueza en la capital.

A partir de este nuevo planteamiento, es posible ya imaginar metas e instrumentos más ambiciosos para el gobierno económico de la capital (banca de desarrollo, deuda soberana, instrumentos financieros, política industrial y un largo etcétera) que serán los temas obligados en el capítulo económico de la nueva Constitución del Distrito Federal.

Quisiera subrayarlo: en estos dos años, hemos trabajado para construir una oportunidad histórica para que los ciudadanos del D.F. podamos volver a hablar de economía, ingreso, salarios, desarrollo, industria, riqueza, redistribución y prosperidad, sin esperar que todo esto llegue a nosotros por la simple gracia de la inercia nacional.

Es más: hemos sostenido que el destino de la economía del D.F. le importa a toda la nación, no solo por el peso específico de la Ciudad (la quinta parte del total nacional) sino porque la Capital está profundamente imbricada con el tejido financiero, comercial y logístico de todo el país.

Es importante señalar que durante el 2013 y 2014, la economía de la Ciudad siempre mantuvo tasas positivas (en contraste con la economía nacional) para arrojar un crecimiento superior al 1.8%, en el año que termina.

Es un crecimiento modesto es cierto, pero no se debe perder de vista el tamaño absoluto –y relativo- de la economía capitalina, misma que terminó el año con casi 2.5 billones de pesos de riqueza generada.

Sabemos que la inversión y los proyectos económicos no caen del cielo, hay que ir a buscarlos, hay que construirlos y para eso, hay que tener una política. Nos corresponde trabajar, ir a la búsqueda de inversiones y mercados, porque no vendrán solos ni por la magia de reformas genéricas. Debemos construir nuestro plan, autónomo, eficaz, para gobernar nuestra propia forma de crecer y de integrarnos a la economía global.

Por ello, en estos dos años, hemos desarrollado una nueva estrategia de acercamiento y promoción de la Ciudad de México en las principales plazas del mundo. Hemos visitado gobiernos, asociaciones, consorcios, empresas y proyectos, para convocarlos a venir aquí: en Chicago, Los Ángeles, Berlín, París, Roma, Nueva York, Sao Paulo y Santiago de Chile.

Esta trabajo es nuevo en el gobierno capitalino, pero sus frutos están a la vista: están en curso dos proyectos de manufactura avanzada en la Capital; se está construyendo un nuevo corredor, sede de grandes empresas corporativas globales y con las lecciones de las grandes ciudades, estamos planeando mejorar radicalmente nuestro carácter estratégico de nodo de transporte y de logística en el centro de México.

Pero la política económica de un gobierno como el nuestro pone el énfasis en la igualdad, en el ingreso, en la redistribución.

Desde el primero de mayo fui instruido por el Jefe de Gobierno para desarrollar un diálogo abierto, serio y respetuoso para sostener un debate nacional sobre la desigualdad, el empobrecimiento del trabajo, la informalidad y especialmente, sobre los salarios mínimos, sobre el ingreso de los que trabajando duro y honestamente, ganan muy poco.

Hemos convocado y aportado muchos elementos nuevos a ese debate, y lo hemos llevado a todas las instancias que corresponde, porque creemos que los salarios mínimos son una pieza que ya no puede seguir siendo omitida o pospuesta dentro de nuestro arreglo económico nacional.

Esta es la política económica que estamos construyendo: sin complejos, traer inversión, protegerla, incentivarla, aliarse con el sector privado y manteniendo un piso firme de derechos económicos para que nadie, en la Ciudad de México, se quede atrás en el nuevo impulso económico hacia la prosperidad.

 

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