¿Litigar en cortes mexicanas? No, thank you

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Artículo escrito por Alejandro Legorreta
Publicado en Reforma Negocios el 24 de noviembre de 2015.

 “Cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente” – Sócrates

 

En una reunión reciente con un grupo de inversionistas extranjeros interesados en hacer negocios en México, surgió una inquietud nada menor que captó mi atención. Uno de ellos puso como condición para invertir en nuestro país que, ante cualquier contingencia, se pudiera evitar llevar los litigios ante las cortes mexicanas. Prefería las neoyorkinas.

Aquéllos más adentrados en el mundo de los negocios entenderán que éste no es un hecho aislado; no es raro que los inversionistas extranjeros vean con recelo invertir en un país latinoamericano sin la garantía de poder litigar en sus países de origen. Pero, ¿por qué sucede esto?

Dos datos. Por un lado, el último reporte Doing Business 2016 del Banco Mundial le otorga a México el lugar 57 de 189 en la categoría de “protección de los inversionistas minoritarios”. Por otro lado, The Global Competitivness Report, que organiza el World Economic Forum le da a México el lugar 98 de los 144 países del reporte. En ambos casos, México palidece ante Brasil, Chile o Uruguay, que tienen una posición mucho mejor en los rankings.

¿Estas dos realidades estarán relacionadas? Es decir, ¿la protección que un país le ofrece a sus inversionistas está relacionada con la independencia del Poder Judicial?

Mucho se ha hablado sobre la importancia de la independencia del Poder Judicial respecto a los poderes públicos y privados de cualquier sociedad. Después de todo, se trata de uno de los contrapesos que aseguran igualdad ante la ley para todos los ciudadanos, independientemente del poder político o económico que tengan.

¿Pero qué pasa cuando la balanza que está diseñada para otorgar legalidad e imparcialidad a una sociedad puede ser inclinada hacia uno de los lados? La respuesta es muy clara, la confianza pública se corroe. Por eso no es sorprendente que en el reporte Latinobarómetro 2015, el Poder Judicial resultara entre las instituciones que proyectan más desconfianza en América Latina.

Esto no quiere decir que el Poder Judicial mexicano no sea independiente. Los últimos años hemos visto avances enormes en ese sentido. Además de la Reforma Judicial de 1994, tuvimos fallos de la SCJN sobre el Fobaproa, el caso de Florence Cassez y, recientemente, el amparo en favor del uso recreativo de la mariguana. Todos son casos donde el Poder Judicial marcó su autonomía con relación a distintos poderes públicos y privados, así como una agenda de racionalidad pública. Pero el hecho es que todavía existen muchos espacios que podrían reforzarse para profundizar su autonomía.

Una propuesta interesante por los resultados que parece estar dando en varios países es la de blindar a los jueces de las presiones políticas que pudieran alterar el resultado de un juicio. Brasil hizo esto, al asegurarles puestos vitalicios, inamovibles y sin la posibilidad de que se les reduzca el salario. Considerando el éxito reciente de la Corte Suprema de Brasil en el combate a la corrupción, resulta atractivo analizar esta propuesta para atacar un problema de fondo, que es el riesgo de que intereses ajenos a un caso intervengan e imposibiliten la administración de justicia.

Nuestro sistema de justicia requiere enviar más señales de autonomía e independencia. En la medida en que sepamos que los casos en nuestro sistema de justicia se resuelven con base en la razón y no en los caprichos o intereses de terceros, todos habremos de confiar más en nuestras instituciones. En este sentido, aspiremos a que dentro de pocos años los inversionistas extranjeros se sientan cómodos litigando en las cortes mexicanas.

Quizá estas problemáticas parezcan menores, pero un Poder Judicial autónomo desencadena un círculo virtuoso donde la legalidad y el desarrollo económico son posibles. Y lo que es urgente, para acercar a los ciudadanos a la política, protegerlos de abusos de poder y garantizarles instituciones más justas. En suma, si al Poder Judicial le va bien, a todos nos va bien, bueno, salvo a los corruptos.

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