#Ley3de3: Una oportunidad

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Artículo escrito por Alejandro Legorreta
Publicado en el Diario de Yucatán el 8 de marzo de 2016

 

Si le preguntaramos a un par de yucatecos cuáles son los escándalos de corrupción más recientes que recuerdan, dos serían algunos de los casos que resaltarían. Primero, el escándalo del ISSTEY, en el que se acusó a cierto ex funcionario del gobierno del estado de desviar recursos públicos y que llevó a la institución a un enorme adeudo con la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. Segundo, el famoso escándalo de la financiera popularCrecicuentas, que defraudó a muchos yucatecos, especialmente a gente de escasos recursos, y que, al parecer, involucró a otros dos altos funcionarios del estado.

Qué curioso, ambos son casos de corrupción en los que se involucra a políticos y en los cuales vemos sus efectos nocivos pero ningún castigo hacia ellos. Después de todo, la impunidad es la hermana de la corrupción. En una sociedad donde la probabilidad de castigo por un acto de corrupción es tan baja, difícilmente nuestros servidores públicos tendrán incentivos a comportarse con decencia, aunque claro, hay excepciones a la regla.

Tan solo en el último Índice de Impunidad Estatal que elaboró la Universidad de la Américas de Puebla, nuestro estado se ubica como la octava entidad con mayor impunidad en México y está catalogado dentro del grupo de estados con un muy alto grado de impunidad. Curiosamente, en el reporte se menciona como posible determinante de la impunidad a la misma corrupción.

¿Cómo combatir estos problemas tan circulares, en los que las instituciones públicas son incapaces de ofrecer justicia a causa de la corrupción? Es la serpiente que se muerde la cola y que te impide ver el comienzo y el final del problema. Por ello, quizá la solución a este círculo vicioso no se encuentre dentro de las mismas instituciones sino fuera de ellas, por el lado de la ciudadanía.

Desde el año pasado, se ha gestado un movimiento social ciudadano que afortunadamente ha logrado una fuerte articulación de distintos sectores de la sociedad. La así llamada Iniciativa #Ley3de3, impulsada originalmente por el IMCO y por Transparencia Mexicana como una propuesta ciudadana para evaluar la disposición de los políticos por transparentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, busca hacerse ley.

Además de las tres declaraciones, la iniciativa incluye directrices para la conducta de servidores públicos, un marco de responsabilidades único para todo el país, mecanismos de denuncia ciudadana y sanciones severas para los servidores públicos y empresarios que cometan actos de corrupción. Se trata de una iniciativa que busca convertirse en la “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), lo cual deberá suceder a más tardar en mayo de este año.

Para que la iniciativa de ley se dictamine en el Congreso, se deben recabar al menos 120 mil firmas. Sería la primera ley verdaderamente emanada de la ciudadanía en la historia de nuestro país, sin afiliación a ningún partido político.

Podrá parecer una carta a los Santos Reyes, pero se trata de una ventana de oportunidad única para todos y que no tiene desperdicio. Y lo digo porque el pasado primero de marzo el PRI y el Partido Verde presentaron en el Senado tres iniciativas de ley, entre las que destaca su propia versión de Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Como el lector podrá suponer, esta otra iniciativa, la de los partidos, sólo abonaría a la simulación de nuestras instituciones públicas que supuestamente sancionan la corrupción. Enumero dos ejemplos de contrastes entre la #Ley3de3 y la del PRI-PVEM.

Primero, la iniciativa de #Ley3de3 establece como sujetos obligados a todos los servidores públicos, incluyendo candidatos, trabajadores de partidos políticos y equipos de transición; la iniciativa del PRI omite a estos últimos. Segundo, la iniciativa de #Ley3de3 establece que las tres declaraciones de los servidores públicos sean públicas; la iniciativa del PRI establece que los entes públicos están obligados a proporcionar “la información que les soliciten”, lo que sea que eso signifique, lo cual implica que la información no será pública de antemano.

En otras palabras, es urgente que haya más ciudadanos que se sumen a la propuesta puesto que los partidos políticos podrían adelantarse y elaborar una ley que “combata” la corrupción a su conveniencia. No podemos permanecer al margen de la legislación de un tema tan importante. Tenemos hasta el 21 de marzo para recabar las 120 mil firmas necesarias para que esta ley se dictamine en el Congreso.

Esta es una lucha que tenemos que dar ya. A lo largo de todo el mundo hemos visto cómo se realizan importantes esfuerzos para combatir la corrupción. El pasado 4 de marzo en Brasil, el expresidente Lula da Silva fue interrogado por la policía federal brasileña por sospechas de haberse beneficiado ilegalmente con recursos desviados de la paraestatal petrolera Petrobras. El año pasado, la ciudadanía guatemalteca logró la renuncia de su ahora ex presidente Otto Pérez Molina, por diversos delitos de corrupción. Aquí en México, siquiera esclarecer los escándalos de corrupción en los que están inmiscuidos funcionarios locales suena casi tan distante como ganar el mundial de fútbol. No podemos seguir así.

Es fundamental que la Ley General de Responsabilidades Administrativas provenga de la ciudadanía y no de los partidos políticos. Si bien todavía falta mucho para que las instituciones que rigen nuestra vida pública se rijan con justicia y sean verdaderamente responsivas a la ciudadanía, lo menos que podemos hacer es tener las herramientas suficientes para prevenir que más personajes corruptos se sumen a los puestos públicos. Además, esta iniciativa sería un espaldarazo a los servidores públicos honestos, que los hay y seguramente son mayoría. Para eso sirve la iniciativa de #Ley3de3.

En Mérida se puede ir a firmar la iniciativa en la COPARMEX y en las oficinas de Información Accesible y Rendición de Cuentas, A.C. (IARAC), ambos en la colonia García Gineres. Solo necesitan llevar su credencial del IFE o INE y firmar el formato. Sus datos no serán utilizados para ningún otro fin que el de la iniciativa. Asimismo, pueden pasar a informarse más en la página ley3de3.mx.

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En menos de 14 caracteres: Según el INCGB, en 2010 Yucatán fue el 5to estado menos corrupto. Enhorabuena, veremos como nos va en el 2016.

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