El crédito: motor o lastre de la pobreza

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Artículo escrito por Alejandro Legorreta
Publicado en el Diario de Yucatán el 5 de abril de 2016

 

 

Uno de los aprendizajes económicos más importantes de las últimas décadas ha sido que los microcréditos pueden ser una herramienta sumamente eficaz para combatir la pobreza. Después de todo, para muchos pequeños agricultores, microempresarios y mujeres emprendedoras, la falta de acceso a recursos financieros limita su capacidad para invertir en su desarrollo profesional, incrementar sus ingresos y, por ende, mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Sin embargo, el crédito, cuando es mal usado por los deudores o utilizado como una herramienta para fraudes por parte de sociedades financieras “patito”, se puede convertir en una poderosa fuente de empobrecimiento.

Se podría decir que hay tres grandes modelos de sociedades financieras orientadas a las personas de escasos recursos. El primero, donde se ofrecen créditos a tasas de interés racionales, bajo esquemas rigurosos que garantizan cobros justos y en muchas ocasiones con programas en donde el deudor recibe asesoría para el mejor uso de los recursos. Compartamos Banco es tal vez el ejemplo perfecto de estas sociedades. El segundo modelo goza de esquemas de financiamiento que podrían parecer generosos por su disposición a prestar dinero, pero que terminan cobrando varias veces el valor total del préstamo, rayando en lo usurero. Finalmente, el tercer modelo, que basa sus ingresos en defraudar a personas incautas que caen en la trampa del dinero fácil; casos como Crecicuentas y Ficrea son emblemáticos de estas prácticas.

Desafortunadamente, en años recientes, los dos últimos modelos han proliferado en varias partes del país, incluyendo Yucatán. En el caso del tercer modelo, es claro que se trata de un asunto ilegal y para el cual se requiere sancionar a los culpables con todo el peso de la ley. Son bisnes (no empresas) de crédito que se ofertan como salvavidas de personas necesitadas de dinero “fresco” para saldar deudas, salir de apuros económicos o hasta cubrir necesidades médicas urgentes.

Muchas veces estas instituciones financieras “patito” ofrecen tasas de interés o promociones que están muy por encima de la mayoría de los bancos para enganchar a los clientes y convencerlos de depositar sus escasos recursos, y después cobran una fuerte comisión para nunca más volverlas a ver. Además, cuando prestan dinero, suelen hacerlo con condiciones diseñadas para terminar apropiándose del patrimonio de los prestamistas, dejándolos, literalmente, en la calle. En realidad, no podrían ni considerarse un modelo de sociedades financieras, ya que en realidad son delincuentes disfrazados de empresarios.

No obstante lo anterior, el verdadero reto está en ubicar y tener cuidado con las instituciones de crédito cuyo modelo sea el segundo, puesto que también pueden vulnerar las condiciones económicas de las familias. Me refiero a las instituciones financieras que sí prestan dinero y lo hacen de forma legal, pero que basan su modelo de negocios en el endeudamiento prolongado de los usuarios del crédito. Tan solo comparemos el Costo Total Anual (CAT) de crédito individual para negocios de Compartamos, de 102%, contra una sociedad como Findar, de 422%, prácticamente el mismo producto, con el mismo riesgo y cuatro veces más caro.

Casos así se multiplican a lo largo del país, particularmente en comunidades con una alta marginación social, donde estas empresas pueden abusar fácilmente de la gente, ya sea por ignorancia o por no tener otra opción. Así pasa en Timucuy,  ubicado a escasos 20 minutos al sur de Mérida, donde me di a la tarea de realizar un diagnóstico general de la situación financiera de sus habitantes.

En esa localidad hay un problema generalizado de endeudamiento porque mucha gente solicita préstamos a instituciones financieras y casas de empeño sin tener ingresos suficientes para pagarlos. El problema, naturalmente, es la escasez y la precariedad del trabajo. De hecho, a mediados de 2015, el gobierno municipal se encontró ante el problema de no poder solventar más los apoyos que los habitantes les pedían durante los primeros años del trienio, que al principio rondaban los 500 pesos pero que para el tercer año se convirtieron en suplicios desesperados de hasta 10 mil pesos.

Tal vez la parte más desoladora de la historia es que estos préstamos muchas veces son utilizados para comprar pantallas planas, estéreos, caguamas y patrocinar fiestas; es decir, en bienes que no sirven en ningún sentido para aumentar la productividad laboral o mejorar la situación económica de los deudores. Al contrario, al parecer la motivación que se esconde detrás de estas conductas es el “prestigio social” que le da a una persona ser consumidor de estos bienes. Pocas veces el deudor se detiene a pensar que esos préstamos, que considera prácticamente un regalo, regresarán en forma de deuda multiplicada en un par de meses.

Y en esta historia, Timucuy sólo es uno de cientos de casos. Hace dos años, el grupo BBVA Bancomer reportó que eran justo las familias mexicanas con ingresos menores a $3,500 pesos trimestrales las que dedican mayor porcentaje de su ingreso al pago de deudas, principalmente créditos al consumo. Habrá que ver cuáles son los datos específicos para el caso de Yucatán, pero en principio no tendrían por qué ser muy diferentes.

¿A quién responsabilizar por estas cuestiones? Por un lado, es claro que no todas las sociedades financieras cumplen con los más altos estándares de calidad que exigen los organismos reguladores. Pero por otro lado, los deudores idealmente deberían poder diferenciar las buenas de las malas opciones, tanto entre las sociedades crediticias como en sus decisiones de gasto.

¿Está mal que la gente de escasos recursos que recibe un préstamo lo gaste en fiestas y bienes de consumo final, en lugar de invertirlo? No creo que esté en nosotros definir esas cuestiones. Sin embargo, sí es prioritario ofrecer a los usuarios de estos servicios educación financiera para que cuenten con las mejores herramientas para tomar decisiones con su dinero. No es lo mismo gastar seis mil pesos en una fiesta que gastarlos para comprar una laptop o comprar medicinas.

Así como existe la necesidad de una mejor regulación y sanciones severas hacia las empresas que incurran en prácticas ilegales, es importante que los usuarios de los servicios tengan educación financiera que sea de utilidad para sus necesidades diarias. Esta práctica, que es parte del “arte” de tomar las mejores decisiones, debería de verse como una parte integral de las medidas de combate a los círculos de pobreza. No se trata únicamente de tener acceso a servicios financieros sino también de saber qué tipo de crédito me conviene más y cómo debo utilizarlo. Quizá así, podamos empezar a ver a las personas como ciudadanos y como el principal activo en los programas públicos y privados de combate a la pobreza.

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En menos de 140 caracteres: De entre las sociedades financieras que se encuentran en Timucuy, tres tienen créditos con un CAT de más del 200%. Un ojo de la cara.

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