Aplaudir a los corruptos

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Escrito por Alejandro Legorreta

Publicado en Reforma 

“El poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes”.

Augusto R. Bastos

En un país como México, con uno de los niveles de impunidad más altos del mundo y donde la justicia cotidiana presenta carencias profundas, la corrupción es funcional para resolver problemas particulares. Un “diezmo” permite que el seudoempresario arrebate un contrato al joven emprendedor. Un “donativo” privado facilita que el candidato de siempre venza al político con ideas frescas y honesto. Vender el voto posibilita que una familia en pobreza acceda a apoyos gubernamentales.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los problemas particulares que la corrupción resuelve crean problemas colectivos que nos afectan a todos. Engendra redes de tráfico de influencias que obstaculizan la competencia. Incentiva el desvío de recursos públicos para pagar facturas electorales. Imposibilita la construcción de un sistema universal de seguridad social para todos los mexicanos.

En el día a día, el seudoempresario gana el contrato pero destruye la oportunidad de innovar y dedica la mayor parte de su tiempo a cultivar las relaciones políticas que le garantizarán el siguiente contrato. El político “rancio” gana la elección y obstruye la posibilidad de que los ciudadanos tengamos mejores gobernantes. La familia en pobreza sobrevive otra quincena pero vende su voto porque permanece vulnerable a la menor turbulencia.

Desde esta perspectiva, la corrupción es un campo donde la influencia, la mentira y el oportunismo florecen a expensas de la libertad económica, la legalidad y la igualdad de oportunidades. Un problema de acción colectiva que nos beneficia en lo individual de manera inmediata pero nos perjudica como país con el paso del tiempo. Un juego de coordinación donde los pactos de impunidad son el equilibrio que garantiza algún beneficio a todos los jugadores.

El denominador común de los pactos de impunidad es un acuerdo entre las personas involucradas para tolerar y no denunciar actos de corrupción a cambio de ser parte de la red de beneficiarios de las conductas ilícitas. Es probable que esto explique porqué los escándalos de corrupción de los últimos años (moches, casa blanca, Iguala) no fueron temas centrales de las elecciones de junio, porqué las empresas se abstienen de denunciar actos de corrupción en licitaciones y compras públicas y porqué las escasas denuncias por mal manejo de programas sociales no provienen de la ciudadanía.

Fortalecer la coordinación interinstitucional y sancionar las conductas ilícitas puede ser un primer paso para romper los pactos de impunidad que alimentan la corrupción en México. Una acción relevante en este sentido es la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para coordinar a las principales instituciones encargadas de salvaguardar la transparencia y la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal.

No obstante, la corrupción se encuentra tan extendida y los pactos de impunidad son tan funcionales que ninguna reforma por sí misma será suficiente para enderezar el barco. Para que el SNA empiece a dar resultados y la ira social provocada por los escándalos se canalice a acciones constructivas necesitamos renunciar a los beneficios particulares de la corrupción; es decir, a los beneficios que la convierten en un problema de todos. Más allá de los 341 mil mdp y los 480 mil empleos que la corrupción nos cuesta anualmente, necesitamos pensar en los costos sociales que pagamos a diario.

Durante el pico de los escándalos recientes de corrupción en Brasil se hizo la costumbre de empezar a aplaudir cuando un político o seudoempresario corrupto llegaba a comer a un restaurante. En México no sucede nada de esto. De hecho, no falta quien se pare a saludar a los políticos y seudoempresarios corruptos si tienen la “fortuna” de conocerlos. Quizá sea tiempo de empezar a aplaudir a los corruptos. Quizá sea tiempo de empezar a cobrar una factura social a quienes empeñan el futuro de México. ¿Quién se atreve?

 

 

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